El Consell aprobó ayer un plan contra el absentismo laboral en la Generalitat para atar en corto a los funcionarios estrechando la vigilancia sobre el cumplimiento del horario laboral y las bajas médicas. Las medidas incluyen la implantación en todos los edificios públicos de sistemas de vigilancia, de tal manera que los empleados públicos tendrán un único acceso común en el que se instalarán tornos y sistemas de huella digital. En teoría, el Consell quiere evitar situaciones de abuso como las que denunció este diario en enero de 2011 en la Ciudad de la Justicia donde algunos empleados públicos fichaban a primera hora y después se marchaban. Este edificio cuenta con sistemas de control de huellas, pero no de tornos.
El plan que afectará a todos los funcionarios, incluidos docentes y personal sanitario, recoge también otras otras medidas dirigidas a vigilar las bajas médicas. Para empezar, los empleados públicos deberán entregar un justificante médico cuando tengan una dolencia inferior a tres días (en muchos centros de trabajo no se exigía). En caso de no aportar este papel, la conselleria descontará al empleado de la nómina los días a los que no ha asistido a su trabajo.
También habrá mayor control en los casos de baja médica. El Consell ha decidido transferir del Instituto Nacional de la Seguridad Social a las mutuas la gestión de las contingencias por accidente de trabajo o enfermedades profesionales. El cambio, que se hará mediante un concurso público, busca evitar abusos en este tipo de bajas. Fuentes de Presidencia de la Generalitat apuntaron que es sabido que es mucho más fácil conseguir una baja médica en la seguridad social que en una mutua. Valencia era de las pocas comunidades, junto con Andalucía y Extremadura, que todavía no funcionaba de esta manera. Además, Císcar habló de planes y protocolos médicos de actuación para controlar las bajas y altas médicas.
El plan pretende conseguir un ahorro anual de 18'3 millones de euros al año y su objetivo es igualar de manera progresiva la tasa de absentismo laboral del sector privado con el de la Administración autonómica en un periodo de cuatro años. Según los datos facilitados por Císcar el absentismo en la Administración Pública está muy por encima que en el sector privado. En 2011, el índice en sector público fue del 4,65% mientras que en el privado del 3,05%. Aunque Císcar no lo precisó, el mayor número de casos de absentismo se registra en el sector docente y sanitario. Con todo, y pese a estos datos, según una respuesta oficial de la Conselleria de Hacienda y Administraciones Públicas en 2011 no se abrió ningún expediente por este motivo.
Císcar aseguró que habrá más inspecciones y destacó la obligación de cada conselleria de hacer un seguimiento y un control estadístico del absentismo por incapacidad temporal. La ley contempla sanciones e incluso despidos para el personal laboral en caso de reincidencia. Respecto a los controles de acceso y salida -la huella digital ya funciona en muchos edificios- no supo concretar el coste que supondrá para la administración, si bien indicó que el ahorro al controlar el absentismo será mayor. Estos sistemas para "vigilar" a los funcionarios están previstos ya para la ciudad administrativa Nou d'Octubre, donde está previsto el traslado de cientos de funcionarios.
"Fabra tiene el síndrome del socorrista inútil"
La presentación del plan contra el absentismo laboral de los funcionarios desató ayer las críticas de los sindicatos para quienes el Consell sigue "demonizando" a los funcionarios y utiliza cortinas de humo para tapar su asfixia económica. Intersindical emitió ayer un comunicado en el que asegura que el verdadero plan es privatizar la gestión de las bajas a las mutuas, "creando un gasto extra e inútil en momentos en que lo que toca es ahorrar". "Cuando un socorrista ha obtenido la plaza para ser primo del amo de la piscina sin tener ningún mérito, ni titulación, ni preparación ni experiencia y tiene que enfrentarse a un rescate hace aspavientos para parecer que hace muchas cosas, tapando así su inutilidad", señaló el sindicato. "El socorrista -prosigue el comunicado- se mueve alrededor de la persona que quiere rescatar, trae muchos aparatos de respiración, una camilla; todo menos en centrarse en salvar a la víctima". Intersindical mantuvo ayer que detrás de este plan sólo hay un intento de confundir a la opinión pública, volviendo a criminalizar a los empleados públicos, ya que las medidas anunciadas están en marcha. Instersindical indicó que el descuento en la nómina por ausencias no justificadas está en vigor desde hace décadas, al igual que el seguimiento sobre las bajas. Respecto al control de acceso a los edificios, el sindicato destacó que está instalado en la Ciudad de la Justicia y que el sistema no se extendió por la penuria presupuestaria.
