"Debe haber un pacto de Estado para apoyar la venta de viviendas a extranjeros"

Es un precioso reto profesional asumir dos cuestiones de la agenda inmediata. Primero, adaptar a las nuevas situaciones económicas el esfuerzo inversor de la Generalitat en infraestructuras, vivienda y calidad del entorno urbano. Hemos tenido 15 años prodigiosos con una situación económica y presupuestaria muy favorable. Pero ahora nos toca significarlos y poner en marcha otro ciclo de inversión que debe estar más adaptado a las necesidades del entorno inmediato de los ciudadanos. Se debe completar el modelo urbano implantado en los 70-80. Una ilusión que nos hemos marcado en la Conselleria de Infraestructuras es que en el horizonte de 2020 alcanzemos el nivel de excelencia del entorno urbano de regiones francesas o de centro Europa.

En una situación como esta nunca se las debe haber visto: más responsabilidad que nunca y menos dinero que nunca.

No, no. La ventaja de ser ya muy veterano en la administración, es que entré en la Generalitat cuando se creó y entonces la situación era muchísimo más precaria que ahora. Ahí se desarrolló todo el «Know-How» de cómo levantar infraestructuras y ciudades con recursos mucho menores. Ahora las disponibilidades son acotadas, pero es un reclamo a la eficiencia de las inversiones que hagamos. Y a elegir los objetivos que necesitan los ciudadanos: la seguridad vial, la movilidad y la integración de las intraestructuras en el entorno.

¿Y cómo lleva gestionar la precariedad? Ha sido llegar usted y aprobar un ERE en el Ivvsa.

Sí, es verdad. La Conselleria de Economía ha cogido la égida de adaptar el mapa de empresas públicas a las nuevas necesidades. Esto lo sabe hacer muy bien el sector privado: en situaciones de disminución de la oferta y de nuevos nichos de negocio realizan una reconversión interna para adaptarse a las nuevas necesidades. En las empresas públicas de la Generalitat en general y el Ivvsa en particular, esa adaptación a las nuevas necesidades debe producirse. Los procesos de vivienda y suelo se iniciaron en 2000. Ahora no existen esas grandes necesidades de suelo ni de vivienda de un determinado segmento, aunque sí de otro. Eso conlleva que funciones que desarrollaba el Ivvsa ya no sean necesarias y supone readaptar los medios de la administración.

¿La única manera de resolver la situación es tramitar un ERE?

El Ivvsa es una sociedad anónima de régimen mercantil. Y, como pasa con muchas empresas, cuando la crisis es estructural, la única solución es hacer un plan de viabilidad, que se está haciendo. Se sigue apostando porque exista un Ivvsa que fomente la vivienda social y desbloquee problemas puntuales de suelo. Se podría haber optado por hacerlo desaparecer, pero la decisión es mantenerlo de acuerdo con las necesidades actuales, que son parecidas a las de los años 80 y 90. Y eso conlleva volver a dimensiones y objetivos de los 80 y 90. No es posible pensar, cuando prácticamente toda la actividad de promoción privada de suelo y parte de vivienda ha desaparecido, que todas las gigantescas manchas de suelo y cantidades de vivienda que habíamos pensado que eran imprescindibles, quizá erróneamente, hagan falta. Eso conlleva una empresa más pequeña, efectiva y centrada en el cuidado del parque público de vivienda de la Generalitat (de 16.000 unidades con 14.000 viviendas, locales y aparcamientos). Y tener analizado donde se producen los cuellos para generar suelo y ponerlo a disposición de promotores ligado a productos de interés social.

Los sindicatos del Ivvsa critican que desisten de hacer VPO para no hacer la competencia a los promotores y que puedan vender sus existencias.

Todos tenemos que reflexionar cuáles son las verdaderas líneas de solución al problema del acceso a la vivienda. Durante años hemos mantenido que la solución era la compra de VPO. Pero la realidad es distinta. La respuesta real del acceso a la vivienda tiene que venir del alquiler. No quiere decir que la VPO deba desaparecer, pero sí que la respuesta a las personas que necesitan viviendas debe ser a través del alquiler. Y, lo tengo que decir muy claro, la acción de la administración pública eficiente siempre tiene que ser subsidiaria de lo privado. La promoción de VPO es un segmento donde el sector privado ha actuado debidamente, no se detecta una necesidad de intervención de lo público. La generación de suelo es un proceso con otros problemas y ahí es importantísimo el papel de una agencia pública urbanizadora, del Ivvsa, porque en algunas áreas metropolitanas la acción de los privados en VPO es imposible porque no encuentran solares. Y ahí es donde deben intervenir lo público.

¿Qué va a pasar con Nou Mil·lenni y Gran Manises?

Esos desarrollos se harán, van a seguir siendo alentados por parte de la Generalitat, y los vamos a desarrollar en tiempo muy corto y por fases. La ley urbanística se cambió, para permitir los desarrollos urbanísticos por fases, a la vista del análisis que teníamos de las actuaciones de Nou Mil·lenni y Gran Manises Se va a empezar por sitios donde las infraestructuras son más cercanas, donde no hace falta otros elementos infraestructurales. En ambos casos se apoyan en dos proyectos de transporte público: la prolongación de la línea 5 hacia Riba-roja, que tiene tres estaciones en el nuevo desarrollo de Manises, y la línea de tranvía T-8 metrosur que tiene previstas dos paradas en Nou Mil·lenni. Nuestro deber es que las actuaciones estén debidamente impulsadas y , cuando lo estén, no tenemos una voluntad de permanencia a largo plazo. Tenemos que analizar todos los procedimientos público-administrativos para pasar a tener una posición puramente administrativa y no ser socios, ser impulsores desde la administración.

Entonces, ¿saldrán adelante sus proyectos de vivienda o deberán esperar tiempos mejores?

Desgraciadamente la crisis brutal de la economía española y la crisis específica hipotecaria ha hecho que ahora tengamos un colectivo muy importante de familias que se han quedado en una situación de dependencia bruta y absoluta de las estructuras familiares que son las que están evitando el gran desastre social en este país. El problema importantísimo que tenemos en estos momentos es, como el término que se empleaba en los años 30 y 40, la pobreza vergonzante, y no podemos girar la cara hacia otro lado. La consellera ha decidido centrar toda nuestra política de vivienda en esos colectivos. Y hacerlo a través del alquiler. Hemos puesto en marcha un proyecto que se ha elevado al pleno del Consell.

Anunciado en noviembre y que no se ha puesto en marcha.

Es un programa en el que, como cualquier iniciativa novedosa que cambia radicalmente las políticas de vivienda, no vamos a precipitarnos.

También quieren incentivar la venta de casas a extranjeros.

En 2006, el importe de ventas de vivienda a extranjeros en toda la Comunitat Valenciana según las escrituras notariales, superaron los 4.000 millones de euros, una cifra similar a las exportaciones del sector agropecuario o de la Ford, pero con un efecto económico más relevante. Es dinero neto producido en Alemania o Inglaterra, un cheque que llega acá e ingresa en la economía nacional. Es un chute de dinero. Y nos parecería importantísimo para el modelo productivo de España y la comunidad que todos hagamos un pacto de estado por apoyar la venta de viviendas a extranjeros.

Pero se consume territorio...

No, no tiene que consumir territorio. No hablamos de construir más viviendas sino de que todo ese parque se ponga en valor. Este programa tiene una vertiente muy vinculada a la economía rural en municipios de interior. Se ha visto en el interior de la provincia de Alicante. La pequeña inyección que supone que cinco o diez familias británicas u holandesas se asienten en un municipio como Penàguila, significa la vida de ese pueblo y la pervivencia de un universo rural. Muchos extranjeros que vienen a vivir tienen un cuidado exquisito por el territorio, por la edificación y viven una historia de amor con edificios, con municipios, porque ven como se pueden recuperar arquitecturas locales. Nuestros servicios ya tienen instrucciones de ser especialmente favorecedores en ayudar al encaje administrativo y dar líneas de rehabilitación.

Los arquitectos dicen que es el futuro.

Efectivamente. Es una línea que, de forma discreta, ha dado excelentes resultados en diez años, a veces ensombrecida por otras actuaciones que no han permitido ver el trabajo que se hacia a escala micro. Un ejemplo: el Plan RACHA de Alicante, un acuerdo de 20 años entre Generalitat, Estado y ayuntamiento que ha recuperado el centro histórico.

Y el RIVA de Valencia.

En el RIVA se han hecho intervenciones importantísimas en veinte años. Estamos muy involucrados en el centro histórico de Valencia que es el más complejo de Europa. Muy poquitas ciudades pueden decir lo mismo, porque es un centro brutalmente complejo y grande. Es mucho más complejo que el de Bolonia y Sevilla. Y mucho más grande que el de Toledo. Por lo tanto el trabajo de rehabilitación es una larga marcha. Estamos apostando de una forma muy decidida por él. La operación de la estación de mercado y del centro multimodal forma parte de esta revitalización...

¿Y el plan de la muralla?

La operación de la muralla tiene su financiación asegurada en el Plan Confianza con 7 millones de euros. Es un dinero que está atado en los presupuestos de la Generalitat y que se ejecutará en colaboración con el ayuntamiento de Valencia. Es un programa complejo, hay parte de expropiación, parte de ejecución...

Ahora que habla de inversión, ¿han pagado a los contratistas?

El problema ha sido el retraso en el pago por parte de la Generalitat, que obedece a circunstancias generales que no me toca a mi especificar, sino a las consellerias competentes en la materia. Nuestra línea de trabajo se centra en que estos retrasos de pago se aminoren lo máximo posible, en volver a una situación de normalidad. Como ha dicho dicho Isabel Bonig, antes de emprender nuevas actuaciones vamos a dedicar nuestros recursos a normalizar la situación que tienen muchas empresas con la Generalitat.

¿Van a ser reivindicativos con Fomento o pasará como con Álvarez Cascos, que sus reivindicaciones se oían con sordina?

Tenemos que ser reivindicativos porque todas las comunidades lo están siendo con independencia del cambio de gobierno. Desde 1999 hasta 2004 la Generalitat y la sociedad valenciana fueron muy reivindicativas con la implantación de la red de alta velocidad. Es verdad que hubo cosas que algunos reivindicaban y nosotros no, con la misma intensidad, porque no creíamos que era en esos momentos tan necesario. Pero entre 1999 y 2004, con un gobierno central del PP aquí hubo dos presidentes y los dos plantearon las necesidades de la comunidad algunas veces con mucha contundencia. Y fruto de ella es que en 2004 el itinerario a Valencia y el de Alicante se habían comenzado, lo que ha permitido su feliz conclusión. Otra de las lineas esenciales no me gustaría decir reivindicaciones sino razonamientos, de cara a la política común de infraestructuras con el gobierno central, es el corredor viario costero desde Vinaròs hasta Pilar de la Horadada, formado por la 340 y formado por la N-332, fundamentalmente. Es absolutamente deleznable que tengamos parada la variante de Benissa y que los tráficos comarcales que permiten la activación del sector turístico no se produzcan debidamente y deterioren de una forma brutal la calidad de vida de los ciudadanos en Altea, Oliva, Benicàssim, Vinaròs, Benicarló, Benissa... Desde la Generalitat propugnamos una filosofía de vía parque, tenemos un programa muy bonito que estamos pergeñando de carreteras escénicas que queremos ejecutar en actuaciones piloto.