La Generalitat avisó hace más de un mes al Gobierno de las facturas en los cajones de la Sanidad que acumulaba, un gasto sin consignación presupuestaria procedente de ejercicios anteriores que obligaría a modificar las cifras de déficit. El dato lo dio ayer ayer el conseller de Hacienda, José Manuel Vela, quien aseveró que el Ejecutivo autonómico «no ha escondido nada, ni ha mentido», de forma que la Administración central era perfectamente conocedora de la situación. Por eso han sentado como un bomba las críticas que desde el propio Gobierno se deslizaron ayer, así como la forma en que se presentaron los datos, dejando a los pies de los caballos a autonomías como la valenciana. Desde que la noche del viernes, y una vez que las comunidades difundieron sus planes de reequilibrio, el Ministerio de Hacienda reconoció a través de un comunicado que el déficit del Estado se revisaba al alza, del 8,51% al 8,91%, debido a las desviaciones en los datos ofrecidos inicialmente por la Comunidad Valenciana, Madrid y Castilla y León, el Consell ha sido blanco de las críticas. Ayer mismo, el ministro de Economía, Luis de Guindos, aseguró que «en estos momentos tenemos ya sobre la mesa todo lo que durante mucho tiempo se había ocultado» en relación con las cuentas de las comunidades y eso, auguró, «será valorado por Bruselas».
«A veces es difícil reconocer la realidad, pero lo que no se puede es estar en estado de negación», apostilló. Para colmo, los dardos al Consell le vinieron también desde otras regiones gobernadas por el PP. El presidente murciano, Ramón Luis Valcárcel, proclamó que «Madrid no es Murcia y Valencia no es Murcia», de ahí que su autonomía haya podido colocar deuda. Murcia, sacó pecho, no tiene «facturas en el cajón». Fue la gota que colmó el vaso. Horas después, el conseller Vela emitió una nota en la que asestó: «La polémica sobre el déficit obedece a una ignorancia manifiesta en temas contables o a una irresponsabilidad absoluta, en unos momentos en que la desconfianza de los mercados es evidente». El comunicado no citaba nombres pero los destinatarios eran inequívocos.
El Consell reprocha en privado a Madrid que descargue la responsabilidad del déficit en las autonomías. La polémica, insistió el conseller, «obedece en unos casos al desconocimiento y en otros a intenciones claramente contrarias al interés general de los valencianos». En cambio, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, apaciguó los ánimos al poner el acento en la transparencia de las autonomías por aflorar facturas en los cajones vía Plan de Proveedores aunque hayan elevado cuatro décimas el déficit.
La primera cifra era «provisional»
Vela explicó que la cifra de déficit de 2011 trasladada en su día, 3.796 millones —el 3,68% del PIB valenciano—, era la que se derivaba de la liquidación del ejercicio, cerrada en febrero, con los datos «disponibles» hasta entonces por la Intervención. Posteriormente, recalcó, el ministerio ofreció a las autonomías el Plan de Pago a Proveedores a través del ICO. El Consell, que entre 2007 y 2009 cerró con los bancos acuerdos para financiar facturas en los cajones de Sanidad (las entidades pagaron a los proveedores y el Consell se lo devuelve en diez años), se había encontrado con que en 2011, debido al cierre de los mercados, no pudo repetir la operación. Ante la oferta del ministerio, se acogió al citado plan. Para ello tuvo que «cuantificar anticipadamente» las facturas en los cajones que todos los años traslada Sanidad a la Sindicatura, una información que no se obtiene hasta el último trimestre. De ahí que la cifra inicial era «provisional», sujeta a ajuste, como de hecho ya hizo el Gobierno con los cierres de 2007 a 2009, también modificados. Sin embargo, el Ejecutivo se apresuró en su día a remitir a la UE datos no definitivos y el pasado jueves, al aprobarse los planes de reequilibrio, tampoco aclaró esta cuestión. El resultado ha sido más sospechas sobre España y las autonomías, en tela de juicio.
Sin embargo, tal como destacó ayer Vela, el 17 de abril, al dar cuenta del Plan de Pago a Proveedores, el Consell «ya avisó» de que una parte de esas facturas, el gasto sin consignación presupuestaria, «llevaría a introducir ajustes en la cifra de déficit». La Generalitat envió a Madrid deudas con proveedores por 4.069 millones, de los que 1.842 eran facturas en los cajones. De éstos, 862 se han imputado a 2011, elevando el déficit hasta el 4,5%, 4.657 millones.
Diferente es el caso de Madrid, cuya presidenta, Esperanza Aguirre, presumió de ser la única que había cumplido el déficit, con el 1,13%; no se acogió al Plan de Proveedores para aflorar facturas en los cajones y ahora han salido a la luz 2.077 millones más en «números rojos», hasta el 2,21%. Ayer, Aguirre alegó que el 1,13% eran «datos provisionales», antes de «tener las cifras completas del último trimestre».
Por otro lado, Vela avanzó que Montoro se ha comprometido, a instancias suya, a convocar el grupo de trabajo para analizar el sistema de financiación autonómico, que perjudica a la C. Valenciana.
El déficit ante la UE es del 5,4%, 5.638 millones
El secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, desveló ayer un dato que no había trascendido, que el déficit adicional de la C. Valenciana y de Madrid es de «unos dos mil millones cada una de ellas». Y es que los números rojos del Consell a efectos de la Unión Europea no son de 4.657 millones (el 4,5% del PIB), sino de 5.638 millones, el 5,4%. Y ello porque según los criterios de la UE se imputan todas las facturas en los cajones que han aflorado, 1.842 millones, en lugar de sólo una parte, 861 millones, la de 2011. Eso sí, a efectos del objetivo de estabilidad del Gobierno, lo que cuentan son los 4.657 millones. Respecto a Madrid (con un déficit adicional de 2.077 millones), se da la circunstancia de que Beteta fue consejero de Economía. Pero ayer se desvinculó alegando que dejó la consejería en junio de 2011, como si en seis meses pudieran generarse 2.000 millones. Aguirre, tras las elecciones, desplazó a Beteta a Infraestructuras y designó a Percival Manglano. Tras el 20-N, Montoro fichó a Beteta, que ha podido hacer su «ajuste de cuentas» con Manglano.
Las sedes del IVF y del IVE, a la venta ya este año
La Generalitat rebajó en su Plan de Reequilibrio la previsión de ingresos por la venta de inmuebles y solares durante 2012, reduciendo la cantidad presupuestada para este año, 393 millones, a sólo 141 millones. Entre los bienes que se piensan subastar de aquí a diciembre se encuentran las sedes del Instituto Valenciano de Finanzas (IVF) y de Estadística (IVE), ambas en la calle Nápoles y Sicilia de Valencia, al lado de la Conselleria de Hacienda.
Por el edificio del IVF se piensan obtener 4,2 millones y por la sede del IVE, otros 2,8 millones. Además, se ha incluido, como informó este periódico, el inmueble de la calle Micalet que albergó durante años la Conselleria de Administración Pública. Todos estos servicios se integrarán en el Complejo 9 d’Octubre, una vez sea operativo.
Por otro lado, el Plan de Reequilibrio detalla el «acuerdo de no disponibilidad» por el que el Ejecutivo aplicará un recorte del 35% en las transferencias corrientes e inversiones del presupuesto de este ejercicio. El tijeretazo resulta de declarar no disponible el 20% de los créditos y, acto seguido, fijarse el tope del 85% en el reconocimiento de obligaciones. De la quema se salvan 15 programas de gasto social (sanidad, justicia o dependencia pero no educación) y 24 líneas de ayudas.
Entre éstas, figuran las subvenciones a los partidos políticos (1.764.000 euros), así como cuatro ayudas referidas al Plan de Modernización de Feria Valencia, por 38 millones. También permanecen intocables las líneas para los centros concertados de educación.
