El vicepresidente y portavoz del Consell, José Císcar, intentó ayer hacer de la necesidad virtud y sostuvo que gracias a las facturas pendientes de pago a proveedores que serán financiadas a cargo del ICO se podrán mantener más de 14.000 puestos de trabajo en la Comunitat Valenciana. El dato, lanzado por Císcar en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consell, dio pie a que los periodistas le solicitarán la estimación de los empleos que se han perdido en los últimos años precisamente por el impago a los proveedores. El vicepresidente admitió que desconocía esta información e insistió en que se evitarán 14.000 nuevos parados.

La Generalitat, con 578.000 facturas pendientes de pago por un importe global de 4.069 millones, es, de lejos, el gobierno autonómico más moroso. O al menos, el que más facturas ha aflorado para poder ponerse al día gracias al plan de pagos del Gobierno central. Los 4.000 millones de euros incluyen facturas en los cajones, principalmente del ámbito sanitario, por importe de 1.850 millones. El Consell, en el punto de mira por el voluminoso lastre declarado, mantiene que lo único que ha hecho es un "ejercicio de transparencia", e insinua que otras comunidades han optado por ocultar expedientes. "El Consell se ha limitado a decir la verdad y lo que hay", manifestó Císcar.

El vicepresidente recalcó que han hecho un ejercicio de "responsabilidad" porque todas las facturas incluidas en la relación certificada de pagos a proveedores van a permitir mantener 14.000 puestos de trabajo. "Si nos hubiéramos ceñido únicamente a la deuda contabilizada y no se hubiera incluido la deuda no imputada al presupuesto, no hubiéramos hecho ningún favor a las empresas titulares de esas facturas, ni a los trabajadores", indicó. "Eso es lo que hay y no vamos a esconderlo porque esa es la realidad", remarcó.

"No sabemos si todas las comunidades han hecho igual" y aludió a Andalucía, donde seguramente, se habrán quedado muchas facturas que no se han incluido en esa relación remitida al Gobierno central.

Tal como adelantó ayer Levante-EMV, Císcar confirmó que la previsión de la Generalitat es que el gasto oculto no se compute al ejercicio de 2012; ya que haría prácticamente inviable conseguir el déficit fijado del 1,5%. Cabe apuntar que la Comunitat Valenciana se expone a ser intervenida sino cumple con los objetivos de austeridad. Según confirmó el vicepresidente, el Gobierno central ha pactado con el Consell que las facturas en los cajones no se imputarán en su totalidad al actual ejercicio a pesar de que así se estableció en el último acuerdo del Consejo de Política Fiscal y Financiero (CPFF). "El Gobierno central habilitará los mecanismos para solucionarlo. No será déficit para la Comunitat Valenciana en 2012", afirmó Císcar, quien indicó que la Generalitat está "a la espera" de que el Ejecutivo del PP diga cómo se va a computar esta deuda procedente de las facturas que han aflorado con este plan de pagos. Admitió, pese a lo complejo de esta fórmula, que la imputación podría hacerse a ejercicios pasados, cuando se generó el gasto. "No esta claro, pero no decimos que no", indico.

De confirmarse este acuerdo, el conflicto está servido. Cabe suponer que las comunidades que no hayan aflorado sus facturas pensando en que les haría saltar por los aires su previsión de déficit podrían solicitar igual trato. En todo caso, Císcar insistió en que no hay riesgo alguno de intervención en las cuentas y que el Consell hará los deberes.