Las diputaciones somos "perfectas" en gestión; las más baratas; las que tenemos "menos deuda"; "somos los número uno". Lo dijo ayer el responsable de la diputación de Valencia, Alfonso Rus, tras presidir la Comisión de diputaciones, cabildos y consejos insulares de la Federación Española de Municipios y Provincias; un cónclave en la que los barones provinciales de toda España exaltaron las virtudes de una institución cuestionada desde algunos ámbitos . El encuentro, con una treintena de asistentes, sirvió para sentar las bases de un documento -la Declaración de Valencia- en la que los responsables provinciales dejaron claro que lejos de la desaparición, su objetivo es ganar protagonismo. "El posicionamiento es claro, contundente y sin fisuras a favor de las diputaciones y viene determinado, no por perpetuar un nivel de poder territorial como es el provincial, sino porque son instituciones de primer orden en la organización política y administrativa de nuestro país", recoge el documento que será remitido al Gobierno central. Rus, que compareció posteriormente en rueda de prensa, defendió que las diputaciones son las instituciones más eficaces a nivel nacional y consideró "impensable" que su trabajo sea asumido por otras administraciones. El vicepresidente de la FEMP y presidente de la Diputación de Zamora, Fernando Martínez, remarcó que en el actual contexto económico "las diputaciones no son el problema, sino parte importante de la solución" debido al "magnífico papel" que juegan en la gestión de los pequeños consistorios.
De hecho, una de los acuerdos adoptados ayer es rechazar la supresión de municipios de menos de 20.000 habitantes. La declaración rebate la idea de que la supresión de las diputaciones generaría un ahorro significativo y apuesta por reforzar su liderazgo. De ahí que se proponen medidas para fortalecer la institución, entre ellas, introducir fórmulas para la elección directa de sus responsables políticos. Rus indicó que esta iniciativa, que fue adelantada por Levante-EMV, será una de las propuestas que se enviarán a Madrid. En el documento reconoce la existencia de otros entes locales intermedios (mancomunidades y consorcios), pero advierte de que en el caso de superposición de competencias y duplicidad de servicios "debería optarse, sin lugar a dudas, por el liderazgo, directividad y coordinación de la institución provincial". Además, reclaman presencia en foros autonómicos y estatales.
En materia competencial, solicitarán al Gobierno la reubicación de las llamadas competencias impropias que representan el 26% de sus funciones y una "hipoteca económica". Pero también "maximizar" el espacio competencial con la asignación de nuevas competencias. Rus citó algunas: depuración de aguas, tratamiento de residuos, entre otras. El documento apunta a la creación de una carta provincial de servicios y reclama más peso en materia de ordenación territorial urbanística y medioambiental porque, subrayan, "la perspectiva provincial es un elemento clave de ordenación del territorio".
La única autocrítica vino del vicepresidente de la comisión y responsable de la Diputación de Huelva, Ignacio Caraballo, que admitió que algunas diputaciones están "obsoletas" y hay que adaptarlas. Desde Castelló, Javier Moliner, defendió un nuevo escenario de competencias y subrayó que las mayores duplicidades se dan entre el Estado y las comunidades. Tras el encuentro, los barones se reunieron con el presidente del Consell, Alberto Fabra, quien respaldó la continuidad de las diputaciones.
