El decreto ley del Consell de enero pasado para reducir el déficit en 1.053 millones hace aguas a las primeras de cambio. La iniciativa legislativa lanzada a bombo y platillo prometía un ahorro de 21,8 millones mediante la supresión o paralización de beneficios sociales de los funcionarios como las aportaciones al Plan de Pensiones de los empleados públicos y las ayudas sociales para financiar la compra de productos como gafas u ortodoncias. En concreto, el ahorro por la suspensión del Plan de Pensiones se cifraba en 15,5 millones mientras que la eliminación de las ayudas sociales reportaba otros 6,3 millones. Por contra, la información por escrito remitida por el conseller de Hacienda, José Manuel Vela, en respuesta a una batería de preguntas del portavoz del PSPV de Función Pública en las Corts, Rafael Rubio, revela unas cantidades sensiblemente inferiores, de 5,5 millones en el primer caso y de1,1 millones, en el segundo. En total, 6,6 millones, casi tres veces y media menos de lo aireado por la Generalitat.
Los datos revelan que el Consell "hinchó" los beneficios sociales de los funcionarios para cuadrar el ajuste de enero a costa de la imagen de los empleados públicos, "presentados como causantes de la grave situación de la Generalitat", denunció Rubio. Pero además, pone en cuestión el rigor con el que la Generalitat hace sus números. "Las cifras se cuadran a martillazos", censuró el parlamentario del PSPV, que se preguntó si en el resto de medidas también se habrán hecho las cuentas con la misma ligereza que en este caso, en el que el ahorro está sobrevalorado en 15,2 millones.
"Mienten como bellacos", recriminó el parlamentario socialista en referencia al Ejecutivo. "Están intentando que los empleados públicos aparezcan ante la opinión pública como un colectivo de privilegiados y una rémora la Comunitat Valenciana, cosa que no es verdad, y para ello han inflado cuestiones que a la hora de la verdad se demuestra que son mentira". "No se van a ahorrar el dinero que dijeron sencillamente porque nunca lo han puesto", sentenció Rubio, para el que no es de recibo que un Gobierno "busque aparentar ante los ciudadanos que los empleados públicos son un grupo de privilegiados y luego se ve que, de privilegio, aquí, absolutamente ninguno".
"El único ahorro que de verdad se ha producido ha sido porque han recortado los salarios a los funcionarios", explicó el diputado, entre otras medidas, a través de los complementos y la reducción de jornada a los interinos. En concreto, el Consell espera obtener a través de los recortes en el capítulo I (nóminas) de los empleados de la Administración 258 millones, a los que hay que añadir 120 del sector público. Dentro de este importe se incluyeron los 21,8 correspondían a las mejoras sociales.
El Plan de Pensiones, 52 millones
El Plan de Pensiones, que entró en vigor el 1 de octubre de 2009 como una mejora para los 133.000 empleados de la Generalitat (a unos 40 euros por funcionario), arrancó con un desembolso de 41.778.667,28 euros ese año para cubrir las aportaciones de cuatro ejercicios, 2006 a 2009, como "contribución inicial". En 2010 dieron 5.121.153,61 euros y en 2011, 5.469.042,07 euros. Ésta última cifra era la referencia para 2012, pero el Consell, sin embargo, habló de un ahorro de 15,5 millones. En cuanto a las ayudas sociales, en 2008 el Ejecutivo dedicó 1.076.276,83 euros a este fin; en 2009, 1.365.007,81 euros; en 2010, 1.221.467,39; y en 2011, otros 1.160.877,74 euros. Poco más de un millón al año cuando el Consell aseguró que gasta anualmente por este concepto 6,3 millones.
