Casi cinco años después y con una encarnizada batalla empresarial por conseguir alguna de las licencias en liza —especialmente las de las ciudades de Valencia, Alicante y Castelló— y una investigación judicial de por medio, el Consell está resuelto a sacar de nuevo, este mismo mes, el concurso para adjudicar 31 emisoras de radio de FM. Los servicios jurídicos y los técnicos de la Generalitat están ultimando las bases de una convocatoria que, según indicaron desde el sector y confirmaron fuentes oficiales, será aprobada probablemente en el pleno del Consell del 21 de octubre.
La voluntad política de liquidar cuanto antes un problema enquistado desde que el 23 de febrero de 2007 se publicó en el DOCV la convocatoria, declarada desierta hace dos semanas, ha acelerado la segunda convocatoria del concurso. No menos influencia han tenido las presiones de las empresas radiofónicas que pretenden optar a legalizar su antena o añadir un nuevo poste a su oferta. El Gobierno de Alberto Fabra declaró desierto el concurso hace apenas dos semanas y esgrimió como razones oficiales que la selección de las adjudicatarias habría corrido el peligro de «ser incorrecta», dado que los más de cuatro años y medio discurridos desde que se convocó han cambiado las circunstancias de las empresas, del mercado y el marco jurídico. Fue una autoinculpación en toda regla, un reconocimiento implícito de la incapacidad de resolver el concurso. Esta vez, el Consell pretende adjudicar las 31 FM en un plazo que no excederá los seis meses. En el primer trimestre de 2012, según fuentes de la Generalitat. En el DOCV del 26 de septiembre, que recogió la resolución que dejaba desierto el concurso, se obviaron dos argumentos clave en la anulación de ese procedimiento: la indecisión del Consell a la hora de tener que elegir a quién se agraciaba con una emisora y, lo peor, a qué empresa se dejaba con las manos vacías y el proceso judicial abierto. Como contó este diario el pasado viernes, un juez investiga un presunto delito de falsedad documental que afecta a 50 ofertas presentadas por ocho empresas. La mayoría de esos proyectos técnicos estaban avalados con la firma de la ingeniero catalana Meritxell Bosch, quien confirmó las sospechas de que su rúbrica había sido falsificada. Bosch nunca ha tenido nada que ver con el despacho Díez & Romeo, al que las ocho empresas cuestionadas encargaron los proyectos. Algunos de esas propuestas bajo sospecha llevaban la firma de otro ingeniero que declaró a la policía que tampoco era el autor de esas ofertas técnicas.
El asunto acabó en el juzgado después de que el Consell lo llevó a la Fiscalía el pasado mes de febrero. La ingeniero Meritxell Bosch ha remitido un burofax a la Junta de Andalucía, que también convocó el concurso de FM en paralelo al de la Comunitat Valenciana, solicitando una revisión de las ofertas presentadas en aquella convocatoria ante las fundadas sospechas de que algún despacho copió proyectos de su empresa GCO Telecom para incorporarlos como propios en proyectos del concurso andaluz.
Canarias denuncia también al despacho investigado en Valencia
Los problemas de la consultora Díez & Romeo, investigado por un juez valenciano por presunta falsedad documental, llegan hasta Canarias. La Fiscalía de la Audiencia Provincial de Las Palmas ha imputado ese mismo delito al despacho que allí tramitó 40 solicitudes de licencias de radio en el concurso convocado por el Ejecutivo de Paulino Rivero hace un año y que fueron inadmitidas por presentarse fuera de plazo. Díez & Romeo, con sede en Madrid, utilizó para validar la presentación de estas demandas de licencias un matasellos de Correos de Arucas, cuyo responsable ha negado ante el fiscal que exista.
La Fiscalía de Las Palmas ha imputado por falsedad a la abogada Paola Romeo, cotitular del despacho. La investigación judicial se inició en febrero pasado cuando el Gobierno de Canarias detectó anomalías en la presentación de 40 solicitudes de licencias de radio mediante un concurso que fue resuelto a finales de 2010. Díez y Romeo presentó en plazo (antes del 30 de septiembre del año pasado) en Presidencia un correo con matasellos de la citada oficina haciendo notar que registraría con posterioridad las 40 solicitudes.
En Presidencia sospechó que el matasellos era falso y fueron a Fiscalía.
