La creación de una decena de parques naturales en Alicante, previstos en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), se convirtió para empresarios de la ciudad, entre ellos Enrique Ortiz, en una oportunidad de negocio, según desprende la documentación aportada en el sumario sobre las presuntas irregularidades que investiga un juez de Alicante como pieza separada del caso Brugal.
Según el informe policial elaborado sobre los documentos intervenidos en el despacho de abogados Salvetti -cuyos socios son el hermano de la alcaldesa, José Luis Castedo, y el exedil socialista Javier Gutiérrez- el bufete gestionó intereses urbanísticos vinculados a la adquisición de suelo en zonas que, con el PGOU, pasarán a convertirse en parques naturales. El documento contempla que los propietarios de este suelo sean compensados con terrenos urbanizables en zonas de nueva creación. Los trabajos desde Salvetti pasaron, según el citado informe, desde la búsqueda de suelo "barato" para ser adquirido por Ortiz hasta la elaboración de alegaciones para aumentar las compensaciones a cambio de la cesión al Ayuntamiento de estas superficies protegidas. El informe policial apunta a que pudo existir información privilegiada utilizada a través de este despacho, gracias a las relaciones y contactos que atesoraban sus socios.El Plan General, pendiente de aprobar por la Conselleria de Urbanismo, prevé la creación de once parques naturales en Alicante sobre más de 14 millones de metros cuadrados.
Según los investigadores, los letrados le comunicaron a Ortiz el coeficiente de compensación exacto "con mucha anterioridad" a la exposición del documento. El informe desvela también que los abogados resolvían alegaciones al Plan a la vez que representaban a otros particulares que contrataron sus servicios para cambiar determinados puntos del planeamiento urbanístico. Los agentes estiman que el despacho pudo ingresar cerca de un millón de euros.
A continuación, se detallan los parques naturales de la ciudad donde según el sumario intervino el citado bufete.
FONTCALENT
Adquisiciones de suelo para el empresario Enrique Ortiz
Según la documentación, el empresario Enrique Ortiz iba tras la compra de más de 700.000 metros cuadrados con vistas a obtener aprovechamientos en el plan Torres de las Huertas. Las investigaciones policiales estiman que en este periodo Ortiz ya dispone de una copia del plano del Plan General, cuando aún éste no ha salido a exposición pública. Según el sumario, el abogado le facilitó las identidades de esos propietarios. El despacho Salvetti facturó al grupo Ortiz 90.480 euros con posibilidad de cobrar otros 69.480 euros más.
AGUA AMARGA
Compra de los terrenos ?propiedad de la firma Kelme
El informe policial dedica un amplio espacio a analizar el papel del despacho de Gutiérrez y Castedo en las negociaciones para el convenio de permuta de suelo en Agua Amarga, al sur de Alicante. Uno de estos terrenos de cerca de dos millones de metros cuadrados era propiedad de Kelme. El Ayuntamiento buscaba crear un gran parque natural en la entrada sur de Alicante, adquiriendo ese suelo y compensando a los propietarios con más edificabilidad en esas zonas. El informe refleja que tanto Gutiérrez como Castedo elaboraron los borradores de convenio y que de la firma de este acuerdo lograban no sólo sus honorarios, sino que también saldrían beneficiados con un porcentaje del aprovechamiento urbanístico.
EL PORTELL
Reclamación para una sociedad vinculada a Antonio Solana
El despacho de abogados tramitó también alegaciones para una empresa vinculada a Antonio Solana, expresidente del Alicante y amigo del exalcalde Luis Díaz Alperi, para cambiar la calificación de dos fincas en El Portell, otra de las zonas de especial protección del PGOU. El despacho percibió 9.416 euros.
tabarca
Aumentar aprovechamientos por parcelas de 246.000 m2
El despacho tramitó una alegación para duplicar el coeficiente por aprovechamiento de suelo en Tabarca. Las parcelas tenían una extensión de 246.000 metros cuadrados y obtuvieron la compensación más alta. Por estos trabajos percibieron cerca de 170.000 euros. La Policía vincula esta operación a la mercantil Fincorp, que ya trabajó con el despacho en el convenio de Agua Amarga.
