El ecosistema político valenciano es un lodazal desde febrero de 2009, cuando el caso Gürtel extendió la mancha de la sospecha a la Administración Camps y al PPCV. Pese a estallar durante este tiempo la mayor crisis económica que se recuerda, los partidos han sido incapaces de sellar un pacto. Un acuerdo, cualquiera, para sumar desde la política y generar confianza. Ni ha sido posible una alianza política contra la crisis o para atajar la sangría del desempleo -la querella Gürtel del PSPV ha llevado a Camps a cerrar todo diálogo con el principal partido de la oposición-, ni sobre los presupuestos. El encanallamiento se ha acentuado en los últimos tiempos, hasta el punto de los populares se niegan a negociar con el PSPV instituciones clave del autogobierno como el Jurídic Consultiu o el Consell de Cultura, donde ha habido varias vacantes y todos sus miembros están fuera de mandato. El único oasis se visualizó ayer: La enmienda a los presupuestos para que los diputados que cesen cobren una indemnización mensual, a modo de paro.
Salvo el cambio de cromos de la Sindicatura de Comptes en abril y antes, la de Greuges, nada de nada. Las cajas fueron otro ejemplo, pese a la situación del sistema financiero. El portavoz del PP, Rafael Blasco, y el del PSPV, Ángel Luna, mantienen una relación muy tensa. Blasco ha denunciado al socialista por exhibir un informe bajo secreto de sumario del caso Gürtel y por las obras de reforma de su casa por las que el juez citará a Luna como imputado. Los socialistas han arruinado la imagen que relanzaba la figura de Blasco en un PP descabezado tras la caída de Ricardo Costa con la denuncia sobre las ayudas de cooperación. Sin embargo, no ha habido ningún problema para que ambos compartan firma en la enmienda, junto a Enric Morera (Compromís) y Marga Sanz (EU). El documento es único en un panorama desolador.
Aunque ayer PP y PSPV eludieron ofrecer una explicación pública sobre los motivos de la medida o dar detalles sobre su alcance, fuentes parlamentarias explicaron que se trata de paliar el hecho de que los diputados, a diferencia del resto de trabajadores, carecen de paro. Y reiteraron que, frente a la regulación que llegó a aprobarse en la anterior legislatura, se cobrará al mes y dejará de percibirse cuando el ex parlamentario encuentre otro empleo o se jubile.
De confirmarse, la medida sería mucho más ajustada a los tiempos que corren que lo que se intentó aplicar en su día. Sin embargo, no debe estar tan claro cuando esa enmienda, de la que este periódico informó en su edición de ayer, fue escondida a la prensa el lunes.
El plazo para presentar alegaciones acababa a las 19.30 horas. Los grupos remitieron todas las enmiendas... salvo ésta, que habilita legalmente el pago tal como han exigido los servicios jurídicos de las Corts. "Es que ésa va por otra vía", se alegó ayer.
El otro caso de escamoteo a la prensa en una norma cumplida durante más de dos décadas fue hace tres años cuando se habilitó legalmente que el Consell financie con más de 3 millones los gastos de funcionamiento de los partidos.
Por otra parte, la vía de usar la ley de acompañamiento para habilitar este "paro" contradice el discurso de la oposición y del PP donde no gobierna, opuesto a que el Ejecutivo de turno utilice la norma anexa a las cuentas para "colar" reformas legales que no tienen que ver la ejecución del proyecto económico. Ayer, a la pregunta de si la unanimidad supone una nueva etapa en la que se van a "desengrasar" los asuntos bloqueados, Blasco contestó: "Estamos desengrasados".
El PP dice que fue la oposición y ésta señala a los populares
Populares y oposición se atribuyeron ayer mutuamente la responsabilidad de la medida. El secretario del grupo popular en las Corts, David Serra, señaló que aceptaron la enmienda porque les llegó "con una posición común que respaldamos para que hubiera unanimidad en estas Corts". También el portavoz, Rafael Blasco, firmante del texto, se desentendió al señalar que "si eso es lo que han pactado todos los grupos políticos con representación en las Corts", lo ve "muy bien". Como si él no dirigiera el suyo. Apuntó que el PP no quiso "quedarse fuera" de ese acuerdo planteado en el resto de grupos. Luego le pasó el micrófono a Serra para que lo explicara. Éste no dio ningún detalle, más que se aplicará "sentido común y lo que se hace en el resto de parlamentos". En la oposición, en cambio, se insistió en que el artífice del acuerdo fue el vicepresidente primero, el popular Rafael Maluenda, quien negoció grupo a grupo.
