La "tozudez" de la Conselleria de Educación en no reconocer la titulación de Filología Catalana para eximir de las pruebas de valenciano en las oposiciones docentes ha costado al contribuyente "16.500 euros" en año y medio por las costas que los tribunales de justicia han impuesto al incumplir el Consell reiteradas sentencias, hasta 28, señalaron ayer los representantes del STE-PV y de Acció Cultural.

Ambas organizaciones -que habían recurrido contra la conselleria y han ganado varias sentencias- realizaron esta declaración ayer en la rueda de prensa en la que mostraron su satisfacción porque la conselleria, por primera vez desde 2002, en la convocatoria de oposiciones de profesores 2010 acaba de incluir la titulación de Filología Catalana como exenta, si bien no la nombra explícitamente sino que remite al Real Decreto de 1994 que homologa la licenciatura de Filología Valenciana a ésta. "Utiliza un circunloquio ridículo" lamentó el abogado del STE-PV, Alfons Esteve.

"Si la conselleria ha optado, al final, por incluir esta licenciatura ha sido más para evitarse costes y por el eco mediático que estaban teniendo cada una de las sentencias" apunto Marc Candela, portavoz del sindicato, para quien ha habido "una persecución" hacia estes titulados.

El representante de Acció Cultural, Toni Gisbert, argumentó que "ahora es el momento de la lucha por el reconocimiento de la denominación de la lengua". En su opinión, "es una victoria. Debemos agradecer públicamente a la Generalitat Valenciana porque gracias a su tozudez existen 35 sentencias -incluye las relacionadas con los estatutos universitarios- y una base jurídica importante a favor de la unidad de la lengua y de su denominación legal del catalán. Deben asumir públicamente que el valenciano es catalán".

Fuentes oficiales de la Conselleria de Educación indicaron a Levante-EMV que su "consideración al respecto no ha variado. La única modificación frente a anteriores convocatorias es que ahora se hace una referencia expresa a la normativa nacional haciendo mención de un Real Decreto que antes no se citaba".

Para la Federación de Enseñanza de CC OO, que también recurrió por el mismo motivo, el cambio de la conselleria es "una tímida rectificación de su política lingüística y lo es porque alguien parece tener prohibido reconocer explícitamente la validez de esta titulación o tiene problemas de timidez para remarcarlo".