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La propuesta de Ley sobre la Autoridad Docente en los centros, presentada por la Conselleria de Educación, fue aprobada ayer en la comisión de proyectos legislativos del Consell Escolar Valencià por un ajustadísimo margen. Once de sus miembros opinaron a favor de debatir el texto, otros once lo hicieron en contra, hubo 4 abstenciones y desempató el voto de calidad de su presidente, Francisco Baila, que lo apoyó. De esta forma, el máximo órgano de participación de la comunidad educativa da su respaldo en primera instancia a la futura norma.
En contra se mostraron las secciones de profesores de CC OO y STE-PV -FETE se abstuvo-, la Confederación de Padres de Alumnos Gonzalo Anaya, el Movimiento de Renovación Pedagógica y organizaciones estudiantiles de la red educativa pública, que mayoritariamente opinan que ya existe el Código Penal. Entre los partidarios del proyecto de la conselleria estuvieron las patronales -aunque uno de sus representantes se pronunció sobre posibles incongruencias de esta propuesta- y sindicatos docentes como ANPE.
La Confederación Gonzalo Anaya, que ha pedido su retirada, calificó de "innecesaria e inconstitucional" la ley de autoridad del profesor, al considerar que la convivencia escolar "no se alcanza con medidas coercitivas" y al "no existir una situación generalizada de violencia en las aulas". Apuntan su inconstitucionalidad porque la potestad de reforzar la protección penal de los funcionarios es "competencia del Estado" por lo que dudaron de su compatibilidad con el ordenamiento jurídico vigente, indicaron en un comunicado.
La presidenta de la entidad, Gemma Piqué, calificó el debate abierto ahora por la conselleria como "una tapadera para evitar otro realmente necesario: la evaluación y adopción de medidas preventivas y educativas que favorezcan la convivencia como la disminución de ratios, la mediación escolar, la corresponsabilidad y participación de los agentes educativos, dotación de profesionales y herramientas de intervención".
Según el informe jurídico realizado por esta confederación, es inconstitucional que una ley de la Generalitat declare autoridad pública a los profesores para reforzar su protección penal. La legislación penal se tiene que aprobar con votación única por mayoría absoluta en el Congreso de Diputados (Ley Orgánica -articulo 81 y artículo 149.1.6- de la Constitución Española) y es competencia del Estado dictar la legislación penal.
Además, existen ya Circulares del Fiscal General del Estado de obligado cumplimiento en las que se protege jurídica y penalmente de agresiones a todos los funcionarios públicos del ámbito educativo.
El STE también pidió la retirada del anteproyecto porque "no está fundamentada en la realidad social, según los datos del Observatorio para la convivencia". "Cuando se da algún caso aislado de violencia, que es lo que realmente ocurre, basta con aplicar el Código Penal vigente. Los centros no se pueden convertir en establecimientos donde el profesorado se dedique a vigilar y castigar; deben ser sitios de formación y convivencia" indicaron. Reconocer por ley al profesorado como autoridad pública no añade nada a su situación actual, dijeron.
Por su parte, el sindicato FETE-UGT dio su "apoyo crítico" y propuso al Consell Escolar que elabore un informe "señalando cuales son sus carencias y deficiencias y como se podría mejorar".
