La asociación empresarial de atención a dependientes AERTE y los familiares de personas con enfermedad mental han denunciado hoy el cierre de centro asistenciales desde el uno de enero por falta de pago de la Generalitat, "lo que dejaría en la calle a 700 personas con enfermedad mental".

Según un comunicado conjunto de la asociación empresarial de servicios a personas en situación de dependencia AERTE y la Federación de Asociaciones de Familiares y Personas con Enfermedad Mental (FEAFES) de la Comunitat Valenciana, en los últimos años el Gobierno valenciano ha hecho "un gran esfuerzo por atender la situación de las personas con enfermedad mental".

Una de las medidas adoptadas desde hace 12 años para atender a estas personas es la prestación de ayudas económicas individuales, de las que se benefician más de 400 personas de la Comunitat, recuerda la nota.

Este tipo de ayuda sirve para que las personas con enfermedad mental puedan hacer frente, en parte, al coste de las plazas residenciales.

Todos los años estas ayudas se resuelven antes del verano y se cobran antes de acabar el año, recuerda el comunicado de FEAFES y AERTE, que se muestran "sumamente preocupados porque este año sólo se han cobrado los primeros cinco meses en la mayoría de los casos".

"Se nos dice por parte de la Conselleria -de Bienestar Social- que no hay presupuesto para los 7 meses restantes y en algunos casos hasta para 12 meses -añade la nota-. Esto significa que si la Conselleria no lo paga, lo deberán hacer las personas con enfermedad mental".

Según el comunicado, "la inmensa mayoría de estas 400 personas no tiene recursos para asumir la deuda que ha contraído con las empresas prestadoras de servicios, unos 9.500 euros por persona. En el 99% de los casos cobran una Pensión No Contributiva (325 euros mensuales), muchos de ellos tutelados por la propia Generalitat y la práctica totalidad internados por orden judicial".

AERTE y FEAFES advierten del "cierre inmediato a partir del 1 de enero de los centros que estás prestando los servicios , lo cual afectaría a 700 personas con enfermedad mental, que quedarían en la calle, así como la perdida de 450 puestos de trabajo".

Además "representaría el desamparo que por parte del Consell se produciría sobre personas tuteladas por la propia Generalitat y con órdenes judiciales de internamiento, lo que puede representar un desacato judicial por parte del Consell".

FEAFES y AERTE "exigen la inminente solución por parte del Consell de esta situación, sin que sea a costa de los presupuestos para el año 2010, que ya son deficitarios, pues sólo cubren el 50% del coste de las plazas reconocidas por Conselleria a fecha de hoy para personas con enfermedad mental grave de la Comunitat Valenciana", finaliza la nota.