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Un recurso ante la Audiencia Provincial es la última instancia que le queda al presidente de la Diputación de Valencia y alcalde de Xàtiva, Alfonso Rus, para evitar sentarse en el banquillo por sus supuestos insultos y amenazas contra el profesorado en un acto de su partido. La titular del juzgado número 2 de Xàtiva no ve motivos para atender la petición de sobreseimiento solicitada por la defensa de Rus. La abogada del líder del PP alegó que el dirigente popular había pedido perdón públicamente y que sólo se dirigía a tres profesores en concreto y no a título colectivo. La defensa trataba así de restar legitimidad a los representantes del profesorado y de la escuela pública que presentaron las denuncias.

En un acto con militantes celebrado el pasado 25 de abril en Xàtiva, el presidente del PP provincial llamó "gilipollas" a los profesores que emplean expresiones como ""aleshores"" y ""gairebé"", e indicó que había que ir "a por ellos" y a "rematarlos". De estas expresiones hizo Rus motivo de chanza en los mítines de las elecciones europeas de junio.

Según ha informado el Sindicato de Trabajadores de la Enseñanza (STEPV), la entidad que junto con Escola Valenciana denunciaron los hechos, la juez estima que "aunque el honor es un valor referible a personas individualmente, no es patrimonio exclusivo de la mismas, de manera que los ataques a título colectivo puedan defenderse en una dimensión colectiva". En el auto judicial se explica que "el debate sobre la concurrencia del ilícito penal debe realizarse en las sesiones de juicio oral", señala.

Desde el STEPV se valoró ayer que la decisión de la juez de Xàtiva hará que el proceso judicial continúe "hasta que se depuran las responsabilidades derivadas de sus actos". "Los insultos y las amenazas de Rus son un grave ataque a los valencianohablantes, el profesorado y la sociedad valenciana en conjunto que no se pueden tolerar", insistieron. En este sentido, fuentes del sindicato recalcaron que "en cualquier sociedad que se diga democrática, unas declaraciones como estas deberían provocar el cese fulminante de los cargos institucionales que ostenta, en este caso la representación de la ciudadanía de la provincia de Valencia y de la ciudad de Xàtiva".