La empresa adjudicataria de la concesión de la piscina municipal de San Antonio de Benagéber debe al ayuntamiento cerca de 100.000 euros entre canon de explotación anual y facturas de suministros.
Comval Sport SL, la firma gestora de la instalación, obtuvo la concesión en 2009 a cambio de un canon anual de 15.000 euros, pero los impagos, según denunció ayer Plataforma por San Antonio de Benagéber, comenzaron en 2010. En concepto de canon debe más de 40.000 euros y otros tantos por el suministro de luz, agua y gas.
El partido independiente ha puesto el asunto en manos de la Fiscalía por si se derivaran actuaciones constitutivas de delito.
Plataforma afirma que a empresa concesionaria «tiene como socio único a Alfonso Caturla Rubio, hermano de un alto cargo del Partido Popular valenciano. Esta empresa tiene múltiples problemas con Hacienda y Seguridad Social desde 2010, aplazamientos, liquidaciones en vía ejecutiva y deudas con la Seguridad Social. No se acaba de comprender cómo puede estar trabajando para una administración una empresa que no está al corriente de sus obligaciones con Hacienda y la Seguridad Social».
El alcalde de San Antonio de Benagéber, Eugenio Cañizares, señaló a Levante-EMV que el consistorio «ya le ha presentado una liquidación por una deuda que ronda los 40.000 euros y le vamos a reclamar los intereses». Cañizares afirma que si han permitido acumular cuatro años sin pagar el canon es porque «los ayuntamientos somos benévolos e intentamos ser comprensivos y dar facilidades, pero llega un momento en el que tenemos que reclamar lo que se nos debe».
Plataforma tiene otra visión. «El ayuntamiento ha tenido que asumir el pago de alguno de estos suministros con el Plan de pago a proveedores de 2012 por más de15.000 euros, con los intereses que ello conlleva, es decir un 6 %» y critica que no se ha rescindido el contrato con Comval Sport, como prevé el contrato de concesión en caso de incumplimiento.
Por otra parte, el alcalde anunció ayer que la empresa de la discoteca Arabesco han pagado la deuda que mantenía con el ayuntamiento y ha evitado de esta forma la subasta de las instalaciones iniciada. «Han abonado todo lo que estaba pendiente menos el último años», explicó Cañizares. Una cantidad que ronda los 100.000 euros.
