Algo más de una semana ha tardado el grupo municipal de Compromís en deshojar la margarita y abandonar finalmente el gobierno de Alboraia. Los tres ediles de la formación valencianista comunicaron ayer su renuncia a continuar formando parte del ejecutivo que preside el socialista Miguel Chavarría, que a partir de ahora sólo contará con el apoyo de sus cuatro concejales y la «no adscrita» Raquel Casares. Frente a ellos, la oposición pasará a contar con quince regidores, siete de los cuales empezaron el mandato formando parte de aquel cuatripartito que surgió en junio de 2011 para impedir que Manuel Álvaro (PP) volviese a ser alcalde. Curiosamente, lo que Álvaro unió también se ha desunido por su culpa. O, al menos, su supuesta sintonía con Chavarría (y que éste niega) es la principal excusa de la que han echado mano primero UPPA, después Cialbo y ahora Compromís para ir apartándose del gobierno municipal. Primero fue la formación de la exsecretaria popular Mamen Peris la que, ahora hará justo un año, se marchó del ejecutivo denunciando que el PSPV no había secundado el escrito contra el exalcalde que ellos habían presentado ante la Fiscalía junto a Cialbo. Y ahora ha sido Compromís el que destaca entre todas las razones para romper el pacto «la tibia posición de los socialistas para aclarar los indicios judiciales contra el exalcalde del PP».

«Hemos manifestado por activa y por pasiva que una línea roja irrenunciable del gobierno PSOE-Compromís era aclarar estas presuntas irregularidades del anterior mandatario aseveraba la formación en su nota de prensa. De hecho, llevaremos al juzgado a Manuel Álvaro por nuestra cuenta». Según explicó el secretario de Compromís, Francesc Pastor, el informe que ha realizado su abogado hace especial hincapié en la valoración del aprovechamiento de un PAI que pagó la empresa de Bautista Soler y cuya investigación en el Tribunal de Cuentas se paralizó a petición del alcalde al considerar éste que se podría reclamar más dinero.

La respuesta de los socialistas apenas tardó unas horas en llegar, . «La postura del PSOE ante el tema del exalcalde siempre ha sido muy clara. Seguimos las recomendaciones de nuestros técnicos jurídicos. Sin pruebas concluyentes no es ético acusar penalmente a un adversario político». El alcalde tildó de «cobardes» a sus hasta ahora socios de gobierno, e incluso se preguntó si la finalidad del abandono de los tres concejales es «unirse al PP en una moción de censura.