La Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso Administrativo ha declarado la obligación del Ayuntamiento de Rocafort de exigir a la concejal del PP, y vicepresidenta de la Diputación de Valencia, Carlota Navarro, que devuelva el dinero que cobró como responsable del área de Urbanismo entre los años 2003 y 2007.
El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunitat Valenciana ha aceptado el recurso del PSPV contra un fallo anterior que desestimaba la demanda, y considera que Navarro percibió indebidamente un sueldo del erario público como concejal -la denuncia de los socialistas cifra en más de 25.000 euros el coste que supuso para el municipio- pese a que ya tenía otro sueldo por su "dedicación exclusiva" como diputada provincial.
Ante las denuncias de los socialistas, Navarro siempre ha defendido que el dinero que recibió del ayuntamiento como edil de Urbanismo lo hizo en concepto de indemnizaciones por asistencias a plenos y comisiones, lo que, según ella, sí sería compatible con su sueldo como diputada provincial. Aún así, cuando los socialistas denunciaron esta circunstancia en octubre de 2007 la regidora del PP renunció a seguir recibiendo este dinero. Fue en febrero de 2008 cuando el grupo municipal socialista de Rocafort, encabezado por la actual alcaldesa Amparo Sampedro, solicitó el inició este procedimiento legal.
