Cuando el gobierno de Calp (PP e Independents-Els Verds) tenía la esperanza de aprobar un presupuesto de racionamiento y empezar a adelgazar la deuda de más de 60 millones de euros, llegan dos nuevos tropiezos judiciales. Uno es firme. El ayuntamiento debe hacer frente a una condena de 1.426.300 euros por cobrar una cuota urbanística ilegal a los propietarios del PP-2 (es el sector del puerto). La sentencia no es nueva. El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana la dictó en 2004, pero los propietarios han pedido ahora su ejecución forzosa. El tiempo ha jugado a su favor. La primera indemnización de 852.925 euros se ha disparado con los intereses de demora. Pero si esta condena ya da al traste con los esfuerzos del gobierno local por reducir la deuda, lo peor podría estar por llegar. Bancaja reclama en el juzgado al ayuntamiento 11,4 millones de euros de indemnización por otro conflicto urbanístico de hace años. El actual alcalde, César Sánchez, del PP, y la primera teniente de alcalde, Antonia Avargues, de Independents-Els Verds, anunciaron ayer que el gobierno local ha decidido convocar una comisión informativa extraordinaria para abordar estos dos frentes judiciales y, sobre todo, el quebranto económico que le pueden producir al consistorio.

«Es importante que todos los concejales de la corporación escuchen a los técnicos y a los abogados municipales y externos y participen del análisis de esta delicada situación», explicó el munícipe. Si el pleito con Bancaja, que demandó al ayuntamiento por no adjudicarle la construcción de una residencia de ancianos, también se pierde, la bancarrota sería un hecho. «Significaría la quiebra absoluta del consistorio», convino el alcalde, que admitió que ya pagar la indemnización de 1,4 millones obligará a «eliminar servicios».

Con todo, Sánchez, quien llegó a la alcaldía en las últimas elecciones, avanzó ayer que ahora «lo primero» es buscar soluciones y la mejor estrategia para salvar esa demanda de 11,4 millones. «Claro que queremos saber qué ha pasado, pero no es el momento de buscar responsables».

«Golpe mortal» para las arcas municipales

El actual equipo de gobierno de Calp acababa de aterrizar y ya se llevó la primera sorpresa. Bancaja reclamaba en el juzgado una indemnización de 11,4 millones porque hace unos años el entonces alcalde, Javier Morató (ahora es edil de Alternativa Popular), no le adjudicó las obras de una residencia de la tercera edad. Bancaja construyó una primera residencia en la urbanización Benicolada, pero la segunda, en la zona del Pla Roig, se adjudicó a la empresa Geroresidencias. La entidad financiera entendía que en el primer contrato había una cláusula que obligaba al ayuntamiento a darle también las obras del segundo proyecto. «Les pedimos [a Bancaja] que durante 60 días suspendieran la ejecución de este proceso», indicó ayer el alcalde. En ese tiempo, el ayuntamiento debe encontrar una vía para esquivar la posible indemnización millonaria. El alcalde convocará a todos los grupos a una comisión informativa extraordinaria. «Si este asunto no sale bien, la economía del ayuntamiento recibirá un golpe casi mortal».