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El Juzgado de lo Social número 2 de Castelló ha dictado sentencia firme por la cual revoca las sanciones que el alcalde de Almenara, Vicente Gil, había impuesto a dos trabajadoras de la limpieza del consistorio. Gil anunció ayer que acata la decisión judicial, a pesar de reiterar que los motivos de la sanción estaban constatados por las denuncias del Consejo Escolar, a cuya instancia se inició el expediente.

Comisiones Obreras, que llevó la defensa de las trabajadoras, afirma que del fallo judicial se desprende que "las faltas que el alcalde imputó a dos trabajadoras de limpieza, por incumplimiento de sus funciones y deficiencias de limpieza en diferentes áreas del colegio público Juan Carlos I, no son ciertas, por lo que las sanciones de empleo y sueldo que se les impuso son improcedentes". Añaden que "la sentencia demuestra, que el expediente sancionador se inició ilegalmente con anterioridad a los hechos que pretendían ser motivo de sanción".

Una versión que no comparte Gil quien apunta que el quid del fallo radica en que "en la incoación del expediente se siguió el reglamento de funcionarios en vez de la vía del Estatuto de los Trabajadores. Y, dado que las trabajadoras eran personal laboral, no cabía aplicárselas el reglamento de funcionarios. De ahí la resolución".

El juez, según el fallo, reconoce que la utilización de la Policía Local para fotografiar papeleras y aulas no es su cometido.

CC OO, añade que "la actuación del ayuntamiento respecto a la limpieza de colegio se inicia a raíz de las quejas formuladas por el Consejo Escolar respecto al estado del mismo; quejas que en ningún caso se dirigían contra la labor que desempeñaban las trabajadoras municipales, sino a una falta de limpieza más profunda".

Gil sostiene que fue tras las quejas del consejo, y "una vez hablado con las trabajadoras, cuando se inició el expediente que desembocó en la sanción" que ahora revoca el juez.

La sentencia da por probado que las propias trabajadoras, entre ellas la encargada de limpieza, "se venían quejando desde el 2004 de la insuficiencia de medios y personal para un correcto estado de limpieza del colegio. Sin embargo, el alcalde durante todos estos años no ha sido capaz de consolidar una plantilla de limpieza que solucionase este problema", apunta el sindicato.

Gil niega la privatización

El 30 de mayo de 2008, CC OO denunció que el ayuntamiento contrató una empresa privada para realizar un informe con la intención de despedir a las empleadas municipales encargadas de la limpieza del colegio y que "curiosamente la propia empresa instructora del estudio usado para abrir el expediente a las trabajadoras ofrecía el servicio de limpieza de centros escolares y, por tanto, podría tener interés en que se despidiese a las trabajadoras municipales para poder quedarse con el servicio". Aspecto éste que niega el alcalde "porque nunca se pensó privatizar el servicio, ni está en nuestro programa".

Tras las primeras actuaciones de CC OO, "el ayuntamiento que preside Vicente Gil pasó de amenazar con el despido de las trabajadoras a sancionarlas con una suspensión de empleo y sueldo". Gil rechazó "estas acusaciones, más propias de la etapa franquista e impropias de una entidad como CC OO. En ningún momento amenacé a nadie; no se puede acusar sin pruebas. Si las tienen que vengan y lo demuestren", apostilla el alcalde.